REFORMA BUSCA UNIFICAR LA JUSTICIA CIVIL Y FAMILIAR EN TODO MÉXICO

Veracruz, Ver.- 03 de Junio de 2026.- El jurista Miguel Carbonell afirmó que la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa una de las transformaciones más relevantes para el sistema de justicia mexicano en los últimos años, al establecer reglas homogéneas para la atención de asuntos civiles y familiares en todo el país.

Durante una capacitación realizada en Veracruz, explicó que esta legislación sustituirá los distintos códigos vigentes en las entidades federativas y deberá implementarse a más tardar el 1 de abril de 2027. Con ello, los procedimientos judiciales serán los mismos sin importar el estado donde se tramiten.

De acuerdo con cifras del INEGI citadas por el especialista, cada año llegan a los tribunales alrededor de 1.5 millones de nuevos asuntos relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, herencias, arrendamientos e incumplimientos de contratos, entre otros conflictos de carácter civil y familiar.

Carbonell destacó que una de las principales innovaciones del nuevo marco legal será la participación de los notarios públicos en determinados procedimientos, como divorcios y sucesiones testamentarias e intestamentarias, lo que permitirá disminuir la carga de trabajo de los juzgados.

Estimó que esta medida podría reducir entre 15 y 20 por ciento el número de asuntos que actualmente ingresan a los tribunales, equivalente a cientos de miles de expedientes menos cada año.

Otro de los cambios relevantes será la incorporación de la justicia digital. La nueva legislación permitirá presentar demandas en línea, realizar trámites electrónicos y participar en audiencias virtuales mediante plataformas tecnológicas.

Además, contempla mecanismos para atender asuntos familiares de mexicanos que residen en el extranjero, particularmente en casos relacionados con el cobro de pensiones alimenticias cuando el deudor se encuentra fuera del país.

En materia de protección a grupos vulnerables, el código incorpora medidas urgentes para salvaguardar los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como disposiciones específicas para atender casos de violencia vicaria y garantizar el acceso a la justicia de personas con discapacidad.

Según los datos expuestos por Carbonell, durante 2024 los tribunales mexicanos recibieron más de 905 mil asuntos familiares y 635 mil civiles, cifras que evidencian la necesidad de modernizar los procesos judiciales y agilizar la resolución de conflictos.

La expectativa es que, mediante la oralidad, el uso de herramientas digitales y la intervención de los notarios en determinados trámites, los procedimientos civiles y familiares puedan resolverse con mayor rapidez y eficiencia en beneficio de la ciudadanía.

Con información de Rubén Santos y Moy Rodríguez