FGR DESCUBRE BODEGA CON 4RM4S Y DOCUMENTOS CONFIDENCIALES LIGADA A RED DE HUACHICOL FISCAL

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La Fiscalía General de la República (FGR) reveló este lunes nuevos detalles de la investigación contra la organización conocida como “Los Primos”, presuntamente encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna y señalada por operar una red de contrabando de combustibles.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que las indagatorias permitieron localizar una bodega relacionada con Manuel Roberto Farías Laguna, donde fueron asegurados objetos de lujo, @rm@s presuntamente carentes de registro legal, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos, así como documentación confidencial vinculada con asuntos de seguridad nacional.

De acuerdo con medios nacionales, este 7 de septiembre, la investigación comenzó después de que el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, presentó en 2024 una denuncia ante el extitular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, sobre posibles irregularidades cometidas por integrantes de la institución naval.

Las diligencias condujeron posteriormente al aseguramiento de un buque con aproximadamente 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas. Las autoridades detectaron detrás del cargamento una compleja estructura presuntamente coordinada por los hermanos Farías Laguna.

La FGR sostiene que los presuntos involucrados enviaban desde Texas buques cargados con hidrocarburos que eran declarados ante las autoridades como aceites o aditivos, con la finalidad de modificar su tratamiento fiscal y evadir el pago de impuestos.

Servidores públicos y agentes aduanales presuntamente coludidos habrían recibido pagos para permitir el ingreso de los embarques mediante inspecciones simuladas, muestras superficiales y registros de volúmenes alterados. El combustible era distribuido posteriormente mediante empresas constituidas legalmente, mientras otras compañías fachada habrían sido utilizadas para ocultar el origen de las ganancias.

“Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen debe responder ante la justicia”, declaró este lunes Ernestina Godoy.

Las investigaciones continúan abiertas para identificar a otros posibles participantes y deslindar responsabilidades. Los señalados deberán considerarse inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.